REFORMA TRIBUTARIA

Hace años que se repite en el debate político argentino un triste diagnóstico que sigue sin su tratamiento correspondiente: el sistema impositivo Argentino es un rompecabezas de parches y medidas transitorias que se convirtieron en permanentes, la consecuencia de casi un siglo de inestabilidad fiscal a nivel nacional y los intentos dispares e inconexos de los sucesivos gobiernos - constitucionales y de facto - de preservar las arcas del Estado nacional. 

Combinando tasas arcaicas, impuestos anacrónicos, medidas de crisis que se prolongan en el tiempo y una regresividad notable, nadie esgrima defensas al sistema tributario argentino simplemente porque es indefendible: es opaco, frecuente y fuertemente arbitrario y discrecional, y sigue dependiendo de impuestos indirectos al consumo como principal fuente de ingresos. 

Su opacidad se convierte en un incentivo a la evasión y la informalidad, generando situaciones insólitas e insostenibles como un cumplimiento estricto del régimen tributario resultando en una pérdida para una empresa; mientras que la discrecionalidad de la política tributaria en el país - donde la única respuesta que parecen encontrar los gobiernos, salvo raras excepciones, es aumentar los impuestos como respuesta a cualquier crisis - desincentiva la inversión y la fiscalización efectiva, generando un círculo vicioso donde el mismo sistema impositivo crea los incentivos y los mecanismos para evadir y eludir impuestos. 

Si lo hiciera en pos de financiar un Estado robusto y capaz de brindar servicios públicos de calidad y de velar por el bienestar de los más vulnerables, sería de todos modos urgente reformar de raíz ese sistema, pero la realidad es más perversa: la voracidad impositiva Argentina tiene como contrapartida un Estado que hace agua por donde se lo mire, y que brinda menos servicios y de peor calidad con más recursos que nunca. Y en un giro dantesco, lo hace sosteniéndose - dadas sus dificultades en recaudar impuestos directos por todo lo mencionado antes - en los impuestos más regresivos (es decir, que impactan más fuertemente en los estratos sociales más humildes): IVA, tabaco, naftas y otros impuestos al consumo. 

El resultado es tragicómico: bajo la premisa de mejorar los servicios públicos para los más humildes, el Estado recrudece la regresividad del sistema impositivo (graficada por la rápida judicialización y posterior derogación de la reducción del IVA a productos de primera necesidad). Dicho en criollo: el Estado cobra más impuestos a los pobres para brindarles un peor servicio que el que recibieron sus padres. 

Si la Argentina no avanza con prisa hacia una reforma tributaria profunda, corre peligro de caer en una trampa de difícil salida: en Argentina ya nos acostumbramos a que impuestos “transitorios” o “de emergencia” se conviertan - por inercia o por capricho - en otro parche más en el régimen tributario. Pero los parches no son soluciones de largo plazo - muchas veces a penas solucionan el problema de corto plazo que vienen a parchear - y su acumulación genera una retroalimentación de improvisación impositiva, mayor evasión, caída de la recaudación y de vuelta improvisación. 

Existen algunos intentos 

La obligación constitucional de sancionar la ley-convenio sobre coparticipación es la oportunidad perfecta para dar el debate: permitiría reformar en simultáneo el descalabro impositivo a nivel nacional y la duplicación y superposición impositiva que se dan con las provincias. Una reforma que permitiría simultáneamente ordenar y emprolijar el monstruo de frankenstein impositivo que construyó el Estado Nacional a lo largo del último siglo y medio, y mejorar la relación fiscal entre provincias y Nación a favor de mayor autonomía local revirtiendo el sistema actual de centralización de la recaudación con posterior distribución, permitiría saldar dos deudas institucionales de largo plazo con una sola reforma.

Mariano Castro

Consejero Estudiantil, FSOC UBA

Convencional UCR CAPITAL, Franja Morada UBA